De La Vega destaca la "contundencia, responsabilidad y determinación" con la que se actúa frente a la crisis .El Consejo de Ministros del Gobierno aprobó este sábado una batería de medidas de apoyo a las familias y los parados españoles, tal y como anunció el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado lunes. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, enmarcó todas estas medidas en la "contundencia, responsabilidad y determinación" con la que el Ejecutivo del PSOE actúa frente a la crisis económica. Por su parte, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, admitió que el Gobierno está "trabajando sobre la posibilidad" de "financiación" de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para "hacer frente a los temas que más les preocupan".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebró este sábado -el viernes, cuando tradicionalmente se celebra, el presidente del Gobierno se encontraba en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas- De la Vega afirmó que el conjunto de medidas aprobado son fruto del acuerdo en el seno del diálogo social y de carácter "eminentemente social", de apoyo a las familias españoles y a la protección de los desempleados. Además, aseguró que a estas medidas les sucederán otras, "las necesarias" para reactivar la economía y el empleo.
Solbes, por su parte, recordó que "la economía internacional está atravesando la situación más compleja de las últimas décadas" y que ésto produce un "estancamiento en la actividad que trae consigo problemas en el empleo". "Nuestra preocupación es que el empleo no funciona como desearíamos", admitió el vicepresidente económico. Así, aseguró que las medidas tienen como objetivo "ayudar a quienes han perdido su trabajo y facilitar en la medida de lo posible que encuentren nuevo trabajo cuanto antes".
En primer lugar, se refirió a la moratoria "temporal y parcial" de dos años a los parados en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, a la que se podrán acoger titulares de hipotecas "siempre y cuando esté suscrita antes del 1 de septiembre de 2008". Para ello, explicó Solbes, deben cumplir una serie de condiciones, entre ellas, que la hipoteca sea inferior a los 170.000 euros.
RIESGO PARA EL ESTADO
Los beneficiarios deberán estar parados o pasar a estarlo con anterioridad al 1 de enero de 2010 y tener derecho a prestación, o pasar a ser pensionistas de viudedad con cargas familiares o ser trabajadores autónomos con cargas familias que hayan cerrado su negocio o acrediten pérdidas que reduzcan sus ingresos a tres veces el IPREM. El solicitante podrá negociar con su banco el "aplazamiento de la mitad de la cuota de su hipoteca hasta un máximo de 500 euros mensuales y por un máximo de dos años" a partir del 1 de enero de 2009 y deberá devolverlas a partir de 2011 prorrateadas en 10 años.
En este sentido, Solbes anunció que el Instituto de Crédito Oficial facilitará préstamos a las entidades financieras para que pongan en marcha la moratoria de dos años y que la puesta en marcha de esta iniciativa se llevará a cabo mediante acuerdos entre las entidades y el ICO y entre interesados y sus bancos. Además, explicó que el ICO desarrollará convenios con los bancos para facilitar el crédito y que los bancos tendrán que acordar de forma privada con los titulares hipotecarios las condiciones del aplazamiento para abaratar "al máximo" la moratoria y evitar gastos notariales y registrales.
Solbes, que adelantó que el Gobierno trabaja sobre la "posibilidad de financiación" a las pymes para que hagan frente "a los temas que más les preocupan", admitió que el Estado asume cierto riesgo con esta medida, aunque "limitado", ya que la hipoteca suele ser lo último que dejan de pagar los ciudadanos en momentos de dificultad. "Puede haber coste para el Estado y para las entidades", señaló. La segunda medida aprobada es la toma en consideración de la deducción por inversión en vivienda habitual para el cálculo de la retención del IRPF, circunstancia que hasta ahora no se tenía en cuenta.
"Es una idea voluntaria a la que podrán acogerse trabajadores por cuenta ajena o autónomos con renta inferior a los 33.000 euros anuales", explicó Solbes, que añadió que esta medida beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes que verán una "disminución de dos puntos a partir del 1 de enero de 2009" en el tipo de retención. "En el caso de los autónomos, se les aplicará una reducción del 2 por ciento en el rendimiento íntegro de sus pagos fraccionados", aclaró, afirmando que los trabajadores que se quieran acoger a esta medida, deberán solicitarlo a su empresa antes del 31 de diciembre.
CUENTA AHORRO-VIVIENDA
Según aseguró, "para un contribuyente casado y con un hijo la retención pasaría a ser del 11,4% en lugar del 13,4%, lo que supone que su nómina se incrementaría en 500 euros anuales", aunque "esta cantidad supone un anticipo de la deducción que el año siguiente se aplicaría a los contribuyentes". En total, los contribuyentes "mejorarán su renta en 2.000 millones de euros que el Estado aportará en Tesorería para hacer frente a esta obligación". La tercera medida aprobada es la prórroga en dos años, hasta un total de seis, la fecha de vencimiento de las cuentas ahorro-vivienda.
"En la actualidad los que tienen esta cuenta tienen que, en cuatro años, materializar la inversión en la compra de una casa", explicó Solbes, que destacó los problemas de los titulares de este tipo de cuentas en el actual situación de crisis para adquirir una vivienda, lo que conlleva que, superado el plazo, deben devolver a Hacienda las ventajas fiscales que han obtenido con la cuenta. Además, el Gobierno aprobó este sábado un plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando previamente se hubiera adquirido otra, por lo que "aquellos que hayan adquirido su vivienda entre 2006, 2007 y 2008" disponen ahora hasta el 31 de diciembre de 2010.
En este momento, para que la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda habitual esté exenta de tributar, es necesario reinvertir el importe obtenido en la adquisición de una vivienda en los dos años anteriores o posteriores a dicha transmisión. Sin embargo, las actuales condiciones del mercado están provocando que muchas familias que han adquirido una vivienda con la previsión de vender posteriormente su vivienda habitual tengan dificultades para deshacerse de ésta.
DOS MEDIDAS PARA EL EMPLEO
En cuanto al paquete de medidas sobre empleo y contratación, de las cuatro que anunció el Gobierno, sólo han aprobado dos, pues el resto se quieren seguir negociando con los sindicatos, que todavía no han dado su aprobación. Concretamente, el Ejecutivo ha dado vía libre a una nueva bonificación de 1.500 euros anuales para incentivar en las empresas la contratación indefinida de parados con cargas familiares. Esta bonificación, que podrá realizarse a través de cualquier modalidad de contrato fijo, será la más elevada de las existentes, a excepción de las dirigidas a los discapacitados.
La otra medida es la ampliación del 40% al 60% del porcentaje de la prestación por desempleo que los parados pueden capitalizar para convertirse en trabajadores por cuenta propia. "Es positivo en la medida que se les permite empezar la actividad profesional con mayores medios", aseguró Solbes. Las otras dos iniciativas anunciadas que no se aprobaron son la bonificación a aquellas empresas que creen empleo en sectores emergentes, como la I+D+i o las energías renovables, y en la regulación de la actividad de las empresas de recolocación en los expedientes de regulación de empleo.
En total, el Gobierno calcula que el coste de las medidas para impulsar el empleo y la contratación en un momento como el actual alcanzarán unos 170 millones de euros para 2009 y 2010 y que se beneficiarán de ellas cerca de 500.000 personas en los dos próximos años.
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